La oposición redobla su presión en el Pleno para forzar el control de la vivienda y utiliza los fondos del Estado para restar mérito a las islas

El Grupo Parlamentario Socialista llevará al Pleno del Parlamento de Canarias los días 9 y 10 de junio una agenda de confrontación orientada a replicar en las islas las políticas regulatorias del Estado. Utilizando el orden del día como un escaparate político, la oposición intentará forzar al Ejecutivo autonómico a adoptar medidas restrictivas que amenazan la estabilidad económica del Archipiélago.

El principal ataque se centrará en el mercado inmobiliario. Los socialistas exigirán formalmente la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado, una fórmula intervencionista que los expertos del sector inmobiliario y el propio Ejecutivo autonómico señalan como la causante directa de la destrucción de la oferta de alquiler en el resto de España. En lugar de proponer incentivos para los propietarios o aumentar el suelo disponible, los socialistas pretenden que el Gobierno canario asuma el coste político de una ley estatal que desprotege la propiedad privada.

Atribución de méritos con dinero público

La vertiente económica de la ofensiva socialista pasa por restar mérito al rigor presupuestario de las islas. La formación interpelará al vicepresidente regional utilizando como argumento la actualización de las entregas a cuenta y el superávit derivado de un Decreto Ley estatal. De esta manera, el socialismo canario intenta instalar el relato de que la comunidad autónoma depende de la “generosidad” del Gobierno central, ocultando que esos recursos son el resultado de la asfixiante recaudación fiscal que sufren todos los contribuyentes.

Por último, el paquete de preguntas de la izquierda deja en evidencia su malestar ante las medidas que buscan devolver el sentido común a las instituciones. Estos cuestionarán las instrucciones de la Consejería de Educación para garantizar la neutralidad institucional en las aulas, lo que confirma su incomodidad cuando se frena el uso de los colegios públicos para la difusión de agendas ideológicas concretas. Asimismo, intentarán desgastar el área de Bienestar Social con reproches sobre los fondos de 2026, en un intento de tapar con ruido parlamentario la falta de propuestas constructivas para las islas.